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Represores con la mano en el arma

Por Alejandro González Raga – Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Una cosa es el periodismo y otra la ley. Cuando un medio de prensa publica una acción represiva en Cuba los detalles llegan a los lectores, pero a las instituciones que monitorean y registran la deriva de los Derechos Humanos les puede pasar por debajo de la mesa.

Como allá se han vivido tantos años sin cultura jurídica y con las leyes redactadas a lápiz y guardadas en las camisas de los uniformes verde olivo, la gente no confía en los aparatos de justicia y la abogacía es sólo una profesión dedicada a pedir clemencia, no justicia. 

Para enmendar este extravío trabajan en conjunto en la capacitación de Observadores el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la Comisión Cubana de Derechos Humanos Reconciliación Nacional (CCDHRN) y otros actores dentro de la isla.
Se proponen enseñar y hacer cumplir los requisitos que condicionan la tramitación de denuncias.
Parte de este empeño es la reciente denuncia establecida por abogados y activistas cubanos ante la fiscalía general de la Republica de Cuba y la presentación ante la CDIH del caso de Yoani Sánchez
Cordero por parte de la sociedad de abogados Aparicio, Arp, Schamis & Associates, LLC radicada en Los Ángeles California.
Se trata de un trabajo iniciado en el mes de mayo y que involucra a la firma litigante, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El proceso de este y otros casos comenzó con la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares para cerca de 20 víctimas que ahora idéntica el bufete californiano. 
La tramitación de los casos se hace con apego al procedimiento que exige los mecanismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Y en franca lucha contra el marabú de las dificultades de las comunicaciones con la oposición interna. La documentación de estos casos necesitó paciencia asiática y dinamismo caribeño porque que requirió el envió de alrededor de 20 cartas de compromiso (Engagement Letter) que autorizan la representación legal de las víctimas. 
En este mes de octubre debe de hacerse pública una docena de los 20 casos que se estudian. Estarán entonces, como denuncias, sobre las mesas de los expertos para un examen profesional. Y las páginas de la prensa a manera de testimonio de la represión y de la tenacidad de quienes trabajan por la libertad.
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